Las
organizaciones populares, el liderazgo social y comunitario, y movimientos
sociales que integramos la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia
(ASGOJU), ante la crisis ambiental planetaria y en particular la que vive
nuestro país que ha obligado a declarar “alerta
naranja en el AMSS para activar el servicio público de Protección Civil e
implementar medidas urgentes para el abastecimiento y provisión de agua
potable”, y en el marco de la Celebración
del Día Mundial de la Tierra, manifestamos lo siguiente:
1. Esta “crisis” que enfrentamos no es casual sino causal, tiene a la base un
modelo económico que se ocupa de aumentar más y más las ganancias de empresas nacionales
y multinacionales por medio de la depredación de los escasos bienes naturales
con los que cuenta nuestro país, promoviendo prácticas nocivas, entre las que
señalamos:
a. La expansión de las urbanizaciones en las zonas con
cobertura boscosa,
que están haciendo las empresas constructoras, impermeabiliza cada vez más las
pocas zonas de recarga que le quedan a nuestro territorio.
b. La mala gestión de las cuencas, así como el uso
abusivo por parte de empresas embotelladoras de agua y otras bebidas carbonatadas,
es lo que está a la base del incremento del estrés hídrico en nuestro país.
c. Las quemas y el uso abusivo del suelo, para la producción de
caña de azúcar, así como la contaminación generada por otras industrias que
lanzan a ríos y quebradas los desechos crudos producto de su proceso de
industrialización, ha sellado la condena de contaminación de nuestras fuentes
superficiales de agua a lo largo y ancho del país.
2. La situación en materia de gestión del agua en el país es
crítica,
casi el 95 % del agua superficial está contaminada y el territorio no tiene
capacidad de administrar las aguas lluvias, generando serias complicaciones
para la población que vive en zonas frágiles y vulnerables.
3. Persiste la amenaza latente de contaminar los cuerpos de
agua debido a la intención de implementar proyectos de explotación de minerales
en el país,
por empresas mineras transnacionales, sólo vendría a agudizar la ya galopante
crisis hídrica que vive el país, debido a la contaminación del recurso hídrico
sobre todo del rio Lempa, que podría causarse por la utilización de cianuro en
el proceso de extracción de los minerales identificados.
4. La falta de apoyo de la Corte Suprema de Justicia para el
cumplimiento del marco jurídico en materia ambiental profundiza la crisis
ambiental,
pues con la reiterada negativa a la instalación de los Tribunales Ambientales
en oriente y occidente del país, se manda el mensaje erróneo que las agresiones
ambientales son pequeñas faltas que no merecen ni tan siquiera un castigo; es
importante señalar que dichos tribunales ambientales ya han sido aprobados por
la Asamblea Legislativa y se espera sirvan de apoyo a las comunidades, para
garantizar el respeto a los bienes naturales y la sustentabilidad del país.
5. En el último año la sequía afectó la agricultura y los
medios de vida de la población rural, que ya arrastraba los efectos del año 2014 y
que para los próximos meses se prevé una situación de crisis de alimentos,
debido a la disminución de las reservas de los mismos.
1. Recordemos que la celebración del Día Mundial de la
Tierra se instauró para crear una conciencia común a los problemas
medioambientales,
con el objetivo de subrayar la importancia del uso responsable y armónico de
los bienes naturales, así como de una educación ambiental que posibilite la
conciencia de todas y todos por cuidar la Casa Común, esta celebración nace de
luchas de los pueblos para que los gobiernos tomen acciones que puedan frenar
la avaricia y soberbia del ser humano de creer que somos la única especie en la
tierra olvidando a las otras especies vivas del planeta.
Ante esta situación consideramos
que la declaratoria de “alerta naranja” debe ser acompañada de otras acciones
urgentes, por lo que exigimos:
1. A la Asamblea Legislativa la ratificación inmediata de la
Reforma del Artículo. 69 por el derecho humano al agua y a la alimentación, así como la aprobación urgente de una Ley de Aguas
que garantice la gestión pública y comunitaria, la sustentabilidad y el derecho
al agua de la población salvadoreña.
Además les exigimos que procedan
cuanto antes a la aprobación de una Ley de Prohibición de la Minería Metálica
en el país, a fin de contribuir a garantizar que el agua que heredemos a
nuestros hijos sea de calidad y sin contaminación de metales pesados. Finalmente, exigimos que procedan a la urgente aprobación la Ley de Soberanía Alimentaria,
que busca favorecer los intereses del pueblo salvadoreño, de las mujeres y
hombres campesinos, de la población rural y urbana, demandando la obligación
del Estado de garantizar el goce pleno de los derechos al pueblo salvadoreño,
mediante el combate del hambre y la malnutrición.
2. A la Corte Suprema de Justicia, la inmediata
instalación de los Tribunales Ambientales en oriente y occidente del país, así
como la cámara respectiva, instancias cuya creación ya ha sido aprobada por la
Asamblea Legislativa.
3. Al Ministerio de Agricultura y Ganadería que proceda a extender
y ampliar en todo el territorio nacional las prácticas agroecológicas
campesinas,
sabemos que existe una buena cantidad de familias y comunidades que practican
la agroecología como una alternativa viable y sustentable para la adaptación al
cambio climático; estas prácticas se basan en el rescate de nuestras propias
semillas, producir sin químicos para alimentar con salud y buena nutrición a
las familias, mejorar la calidad del suelo, cuidar el medio ambiente, rescatar los
conocimientos ancestrales y reducir los impactos del cambio climático en la
agricultura por fenómenos como la sequía y el uso de agro tóxicos.
4. Al Ministerio del Medio Ambiente, la suspensión
inmediata de permisos para tala de árboles y para intervenir los pocos bosques
que nos quedan; así como la implementación de programas de reforestación y
otros programas encaminados a la transformación de la agricultura contaminante
y depredadora hacia una agricultura más sustentable.
5. A la empresa privada, especialmente a la ANEP, así como a empresas
urbanizadoras, empresas embotelladoras de agua y otras bebidas carbonatadas, a
productores de azúcar y a los ganaderos que trabajan de manera extensiva, que depongan sus interés mezquinos y que
detengan de manera inmediata la destrucción indiscriminada que hacen de
nuestros bienes naturales.
Hacemos un llamado a la población en general, a permanecer vigilante y demandante del cumplimiento del
marco jurídico vigente en el país en materia de gestión ambiental, así como a comprometernos
como sociedad a promover la vida y luchar para detener la depredación galopante
de nuestros bienes naturales.
San Salvador, 25 de abril
de 2016
