jueves, 23 de junio de 2016

Desde la tempestad. México y su magisterio en lucha!!

Comunicado Conjunto del Congreso Nacional Indígena y el EZLN sobre el cobarde ataque policíaco contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la comunidad indígena de Nochixtlán, Oaxaca.
Al Pueblo de México.
A los pueblos del Mundo:

Frente el cobarde ataque represivo que sufrieron los maestros, maestras y la comunidad en Nochixtlán, Oaxaca, -con que el Estado Mexicano nos recuerda que esto es una guerra contra todos y todas-; los pueblos, naciones y tribus que integramos el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le decimos al magisterio digno que no está solo, que sabemos que la razón y la verdad están de su lado, que la dignidad colectiva con la que habla su resistencia es inquebrantable y ésa es la principal arma de los que de abajo somos.
Repudiamos la escalada represiva con la que pretenden imponer en todo el país la reforma neoliberal capitalista a la que llaman “educativa”, principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Con amenazas, persecuciones, golpes, encarcelamientos injustos y ahora asesinatos se quiere doblegar la dignidad del magisterio en rebeldía.
Llamamos a nuestros pueblos y a la sociedad civil en general a estar con el magisterio que resiste en todo momento, a reconocernos en él, pues la violencia para despojarlos de garantías laborales básicas con el propósito de hacer privada la educación, es un reflejo de la violencia con la que nos están despojando a los pueblos originarios, a los pueblos campesinos y urbanos.
Quienes se regocijan en el poder decidieron que la educación, la salud, los territorios indígenas y campesinos, e incluso la paz y seguridad, son una mercancía para quien pueda pagarla, que los derechos no son derechos sino productos y servicios que se arrebatan, se despojan, se destruyen, se negocian según lo dicte el gran capital. Y esta aberración pretenden imponerla de una manera sangrienta; asesinando y desapareciendo a nuestr@s compañer@s, enviando a prisiones de alta seguridad a nuestr@s vocer@s, haciendo de la tortura descarada la mercadotecnia gubernamental y, con ayuda de los medios de comunicación de paga, equiparando con la delincuencia a lo más valioso de la sociedad mexicana, es decir a quienes luchan, no se rinden, no se venden y no claudican.
Exigimos el cese a la represión en contra del magisterio en lucha y la liberación inmediata e incondicional de TODOS los presos políticos.
Invitamos a todos los pueblos del campo y las ciudades a estar atentos y solidarios con la lucha magisterial, a organizarnos de forma autónoma para estar informados y alertas ante esta tormenta que cae sobre todas y todos, sabiendo que una tormenta, además de tempestad y caos, también hace fértil la tierra de donde nace siempre un nuevo mundo.
Desde las montañas, campos, valles, cañadas y barrios de los pueblos, naciones y tribus originarios de México.
¡Nunca más un México Sin Nosotros!
Congreso Nacional Indígena.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
México, a 20 de junio del 2016.
Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/desde-la-tempestad/

martes, 14 de junio de 2016

Un nuevo análisis muestra que hay relación entre los pagos de la industria y las tasas de prescripción

New analysis shows relationship between drug company payments, prescription rates ) 
Charles Ornstein, Ryann Grochowski Jones, Mike Tigas
Boston Globe y Pro Publica, 17 de marzo de 2016
Los médicos han negado durante mucho tiempo que los pagos que reciben de las compañías farmacéuticas influyan en como prescriben los medicamentos.
Hasta ahora no ha habido mucha evidencia para resolver el asunto.
Por primera vez un análisis de ProPublica ha descubierto que sí es cierto que los médicos que reciben pagos de la industria recetan medicamentos de manera diferente al promedio de sus colegas que no reciben pagos. Y cuanto más dinero reciben, más tienden a prescribir medicamentos de marca.
Para realizar el análisis, ProPublica comparó la información de los registros de lo que los médicos habían recibido de las empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos en 2014 con la información sobre los medicamentos que los médicos escogieron para prescribir a los pacientes inscritos en el programa de medicamentos de venta con receta de Medicare.
El análisis mostró que los médicos que recibieron dinero de los fabricantes de medicamentos y dispositivos suelen prescribir un mayor porcentaje de medicamentos de marca que los médicos que no recibieron dinero. Incluso aquellos que únicamente fueron invitados a comidas pagadas por las compañías, en promedio, prescribieron más medicamentos de marca.
Es más, cuanto más dinero recibían, más se incrementaba la prescripción de medicamentos de marca.
Los médicos que recibieron más de US$5.000 de las empresas en 2014 por lo general tuvieron el mayor porcentaje de prescripciones de medicamentos de marca. Por ejemplo, entre los internistas que no recibieron ningún pago, la tasa promedio de prescripción de marca fue de alrededor del 20%, y para los que recibieron más de US$5.000 el promedio estuvo alrededor de 30%.
El análisis de ProPublica no prueba que los pagos de la industria influyan en la prescripción de medicamentos específicos ni tampoco de empresas particulares. Más bien, muestra que los pagos se asocian a una forma a prescribir que en definitiva beneficia a las empresas de medicamentos.
“Se confirma una vez más la idea predominante. . . que existe una relación entre los pagos y la prescripción de marca “, dijo el Dr. Aaron Kesselheim, profesor asociado de medicina de la Facultad de Medicina de Harvard, que asesoró en los primeros análisis del estudio de ProPublica. “Esto facilita la discusión en curso sobre la conveniencia de este tipo de relaciones. Con suerte, estamos llegando a ese momento en que la gente deje de decir: ‘Es que no hay evidencia de que estas relaciones cambien las prácticas de prescripción de los médicos.”
Numerosos estudios demuestran que los genéricos, que deben cumplir los estándares rígidos de la FDA, tienen el mismo efecto terapéutico en la mayoría de pacientes que los de marca. Los medicamentos de marca suelen costar más que los genéricos y se hace mucha más publicidad. Aunque algunos medicamentos no tienen versiones genéricas exactas, por lo general hay uno similar en la misma categoría. Además, cuando se trata de la satisfacción del paciente, no hay mucha diferencia entre las marcas y los genéricos, según los datos recogidos por Iodine en su página web, que está construyendo un repositorio de las revisiones que los usuarios hacen de los medicamentos.
ProPublica encontró que entre los estados de EE UU hay grandes diferencias en la proporción de médicos que reciben dinero de la industria. Por ejemplo, hay por lo menos el doble de médicos que reciben pagos en Nevada, Alabama, Kentucky y Carolina del Sur que en Vermont, Minnesota, Wisconsin y Maine (Nota de los editores: estos últimos Estados del norte del país tienen índices de desarrollo socio-económico más altos que los otros Estados).
Pero en general, los pagos son algo generalizado en el país. En 2014, a nivel nacional, casi 9 de cada 10 cardiólogos que escribieron al menos 1.000 recetas para pacientes de Medicare recibieron pagos de una compañía farmacéutica o de dispositivos, mientras que 7 de cada 10 internistas y médicos de familia recibieron pagos.
Hoy día, es difícil para los médicos evitar que las empresas les paguen, dice el Dr. Richard Baron, presidente y director ejecutivo del American Board of Internal Medicine. Y los que lo hacen, probablemente, tienen más dudas sobre el valor terapéutico de los medicamentos de marca.
“Hay personas que hacen un gran esfuerzo para evitarlo y diría que hay otras que yo diría que tienen bastante interés y hacen todo lo posible para relacionarse con la industria farmacéutica”, dijo Barón”. Si Ud. está ahí defendiendo algo, Ud. probablemente tendrá una mayor disposición a creer en ello usted mismo, y tendrá menos dudas sobre el tema”.
Los médicos tienen en cuenta muchos factores al elegir qué medicamentos recetan. Algunos tratan pacientes para los cuales hay pocos genéricos. Un ejemplo son los médicos que atienden a pacientes con VIH/SIDA. Otros se especializan en pacientes con condiciones complicadas que han intentado sin éxito los medicamentos genéricos.
Holly Campbell, portavoz de PhARMA, la cámara de las grandes empresas farmacéuticas de marca, dijo en un comunicado que hay muchos factores que influyen en las decisiones de prescripción de los médicos. Campbell escribió en una declaración escrita que en 2011en una encuesta patrocinada por la industria, se documentó que más de 9 de cada 10 médicos consideraban que “su conocimiento y experiencia clínica es la que influye en su prescripción”.
“Trabajando juntos, las compañías biofarmacéuticas y los médicos pueden mejorar la atención al paciente, mejorar el uso de los medicamentos disponibles, y fomentar el desarrollo de curas para mañana”, escribió. “Los médicos proporcionan a las empresas información sobre sus medicamentos que proviene de su conocimiento del mundo real y valiosa experiencia y esos consejos sirven para que las empresas puedan mejorar la atención al paciente.”
Algunos médicos que recibieron grandes pagos de la industria y tenían tasas superiores al promedio de prescripción de medicamentos de marca dijeron que actúan de acuerdo a lo que más le conviene al paciente.
“Yo prefiero ciertos fármacos sobre otros por su calidad y también por los beneficios para los pacientes”, dijo el Dr. Amer Syed de Jersey City, Nueva Jersey, que recibió más de US$66.800 de empresas en 2014 y cuya tasa prescriptiva de medicamentos de marca era más del doble de la media de sus pares en medicina interna. “Mi objetivo en la práctica es mantener a los pacientes fuera del hospital”.
Un psiquiatra, Alexander Pinkusovich de Brooklyn, N. Y., también prescribió una proporción mucho mayor de los medicamentos de marca que sus colegas en 2014, y recibió más de US$53.400 de las compañías farmacéuticas. Amenazó con llamar al fiscal del distrito si volvía a recibir una llamada de un reportero”. ¿Por qué hace una investigación para hacer quedar mal a la gente?”, preguntó. “Usted sabe que yo no he hecho nada ilegal, así que buena suerte”, y colgó el teléfono.
ProPublica ha hecho el seguimiento de los pagos que las compañías farmacéuticas han hecho a los médicos desde 2010, a través de un proyecto conocido como Dólares para los Docs. Nuestro primer instrumento de búsqueda sólo incluyó siete empresas, la mayoría de los cuales tuvieron que declarar públicamente sobre los pagos que habían hecho como condición para resolver una querella extrajudicialmente. Ahora el instrumento, gracias a la Ley Physician Payment Sunshine que es parte de Ley de Affordable Care de 2010, se usa para obtener la información de todas las empresas de medicamentos y dispositivos. La ley exige que todas las empresas de medicamentos y dispositivos informen públicamente sobre los pagos que hacen. Los primeros informes se hicieron públicos en 2014, y abarcan los últimos cinco meses de 2013; los pagos de 2014 se pusieron a disposición pública en 2015.
Los pagos en nuestro análisis incluyen pagos por conferencias para promocionar medicamentos, consultorías, viajes de negocios, comidas, regalías y regalos, entre otros. No se incluyeron los pagos por investigación, aunque esos pagos están en la base de datos que tiene el gobierno sobre los gastos de la industria y que se conoce como Open Payments.
Aparte, ProPublica ha hecho un seguimiento al comportamiento prescriptivo en el programa de medicamentos de Medicare, conocido como Parte D que cubre a más de 39 millones de personas. Medicare paga por lo menos una de cada cuatro recetas que se dispensan en el país.
Este análisis combina las dos bases de datos, y obtiene información de médicos de cinco grandes especialidades: medicina familiar, medicina interna, cardiología, psiquiatría y oftalmología. Se incluyó sólo a los médicos que escribieron al menos 1.000 recetas de Medicare Parte D.
El Dr. Kim Allan Williams Sr., presidente del American College of Cardiology, dijo que cree que las relaciones entre las empresas y los médicos son circulares. Cuanto más aprenden los médicos sobre las “características que diferencian” a un nuevo medicamento dijo, más probabilidades hay de que lo receten. Y cuanto más lo recetan, es más probable que se sean seleccionados para dar conferencias y hacer consultorías para la empresa.
“Eso encaja con la mejora de su práctica, y sí, se les paga para hacerlo”, dijo.
Williams dijo que los nuevos medicamentos son, al menos en parte, responsables de una disminución significativa de la mortalidad cardiovascular en las últimas tres décadas.
“Si usted no está haciendo grandes progresos en este campo altamente competitivo, si no tiene un producto que es mejor, no va a tener éxito”, dijo. “Así que el hecho de que exista esta relación intensa en cardiología [entre médicos y compañías] puede de hecho estar favoreciendo al progreso que estamos haciendo”.
FUENTE: http://medicamentos.alames.org/informacion-y-actualidad/investigacion/un-nuevo-analisis-muestra-que-hay-relacion-entre-los-pagos-de-la-industria-y-las-tasas-de-prescripcion/
http://www.saludyfarmacos.org/boletin-farmacos/boletines/may201604/029_nuevo_analisis/

martes, 7 de junio de 2016

El turismo y el despojo histórico de la tierra en El Salvador

Alba Sud

Los herederos de las familias indígenas despojadas de sus tierras en 1882 para facilitar la hacienda cafetalera enfrentan ahora un nuevo ciclo de desposesión vinculado al modelo extractivista y la expansión turística.

En las últimas décadas del siglo XIX, El Salvador experimentó en su territorio el período de mayor expansión del monocultivo del café. Eso trajo consigo una incontrolada reestructuración de la tenencia de la tierra y la consecuente expulsión de las poblaciones indígenas y campesinas hacia el norte y la costa sur del país. Casi ciento cincuenta años después la historia se repite, y los descendientes de los desplazados de aquel entonces son “sacrificados” en el altar del desarrollo turístico.

La hacienda cafetalera: una historia de desposesión

Desde la independencia de El Salvador en 1821, las tierras rústicas eran de propiedad privada, pero también había grandes extensiones de tierra ejidales y municipales que eran trabajadas y explotadas de manera extensiva por familias indígenas y campesinas, mediante un canon que pagaban a las municipalidades.

En la década de 1870, desde la presidencia de la República se impulsó con fuerza el cultivo del café, que trajo como consecuencia una reestructuración acelerada de la tenencia de la tierra. En 1881 se extinguieron por decreto las tierras comunales y ejidales consideradas aptas para el cultivo del café. Esa medida unilateral despojó a los indígenas de la inmensa mayoría de sus tierras [1].

Las tierras fueron entregadas a la oligarquía terrateniente salvadoreña para que constituyera la hacienda cafetalera, a partir del criterio esta que tenía los recursos económicos para hacerlo y que por lo cual podía asegurar tanto la eficiencia en el cultivo del café como la rentabilidad financiera de la inversión. Para los sectores dominantes, los indígenas no cumplían con ese mismo requisito [2].

Aprovechando que cualquiera podía reclamar libremente “la tierra común”, los terratenientes buscaron de inmediato extender sus propiedades. Miles de indígenas tuvieron que vender las pequeñas extensiones que les quedaban en propiedad, y muchos de ellos se convirtieron en mano de obra barata.

“Instrumento para proporcionar tierras a los cafetaleros, la abolición de tierras comunales también proporcionó la abundante mano de obra que se requería para efectuar las labores de las plantaciones y trabajar en las cosechas. Al decreto de expropiación de las tierras comunales siguió la emisión de una ley sobre jornaleros y creación de jueces agrícolas, cuyo objetivo era reclutar y controlar a la población desposeída. La concepción que inspiró esta ley equiparaba tierra y habitantes, fundiéndolos en un género único: recursos naturales productivos”, explica Sara Gordon en su libro Crisis política y guerra en El Salvador (México DF: Siglo XXI, 1989).

Las tierras fueron garantizadas y legalizadas a favor de los nuevos propietarios con la creación del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas. Fue el inicio de la pauperización de las comunidades indígenas, las cuales fueron lanzadas hacia la costa en el sur y hacia la zona norte del país.

Reforma agraria del despojo

La “reforma agraria liberal” que se produjo entre 1881 y 1882 fue la que provocó el despojó de sus tierras a las comunidades indígenas, prácticamente sin retribución alguna. Y sin duda ahí estuvo el germen del levantamiento indígena-campesino de 1932, que terminó con la masacre de entre 17 y 30 mil personas [3], y de la guerra civil de la década de 1980 que dejó un saldo de unos 70 mil muertos y miles de desaparecidos.

En marzo de 1980, la nueva Junta de Gobierno, surgida de un acuerdo entre el Partido Demócrata Cristiano y las Fuerzas Armadas, impulsó una Reforma Agraria que tenía como objetivo declarado beneficiar a los campesinos sin tierra, y como objetivo oculto ocupar militarmente el país y controlar a la población campesina, que estaba bajo sospecha de apoyar a los grupos insurgentes.

La reforma constaba de tres fases. En la primera fase se expropiarían los latifundios mayores de 500 hectáreas (unas 218.000 hectáreas equivalentes al 15% de la tierra agrícola del país) y se entregarían a cooperativas campesinas (cooperativas de la reforma agraria); en la segunda fase se intervendrían propiedades con extensiones comprendidas entre 100 y 500 hectáreas y que incluían las grades fincas cafetaleras y en la tercera se entregarían a campesinos medios, arrendatarios y colonos las tierras cedidas por los patronos.

“Hay demasiados elementos que no cuadran en esta reforma agraria. Vale la pena citar dos. El primero, que sea un gobierno de extrema derecha, vinculado a la oligarquía terrateniente, quien esté interesado en socializar la propiedad del suelo. El segundo, que haya sido el gobierno estadounidense el defensor de la reforma, hasta el punto de imponerla como condición para reanudar la ayuda militar, interrumpida en 1977”, escribía el entonces corresponsal de El País en Centroamérica, Jesús Ceberio, comentando el decreto que daba vida a la reforma agraria salvadoreña [4].

Continuando en su análisis, Ceberio señalaba que los sectores populares de oposición explican así estas paradojas: “La reforma agraria es sólo una excusa para ocupar militarmente todo el país y controlar más de cerca a la población campesina, de la que el gobierno sospecha que se nutre principalmente el movimiento popular de liberación”.

En marzo de 1980 las fincas agrícolas con una superficie superior a las 500 hectáreas fueron ocupadas militarmente por las Fuerzas Armadas, y en las cooperativas se crearon comités de defensa civil integrados por paramilitares. El resultado fue el incremento exponencial de las masacres de familias campesinas. La segunda fase de la reforma nunca se llevó a cabo y los grandes cafetales nunca fueron intervenidos.

A los beneficiarios de la tercera fase les faltó asistencia técnica, créditos adecuados y oportunos, ni hubo el necesario acompañamiento organizativo y acceso a mercados. En muchos casos, la escrituración de estas tierras y su inscripción en el Registro de la Propiedad e Hipotecas a favor de sus legítimos propietarios fue posible solamente a partir del año 2009, y con mayor énfasis de 2014 a la fecha.

El segundo golpe a la Reforma Agraria

El proceso de reforma agraria sufrió otro tropiezo cuando el partido de derecha ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) obtuvo la mayoría parlamentaria en los comicios de 1982. El siguiente año la Asamblea Constituyente aprobó una nueva Constitución donde se ampliaba a 245 hectáreas el límite de propiedad que pueden tener los terratenientes. Los excedentes de esas 245 hectáreas -dice el artículo 105 de la Constitución- debían ser expropiados y transferidos en los primeros tres años de vigencia de la Carta Magna. Esa disposición nunca se cumplió.

En 1991, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 747 “Ley del Régimen Especial del Dominio de la Tierra Comprendida en la Reforma Agraria”, con el cual el gobierno neoliberal de ARENA profundizó aún más el ataque contra las cooperativas de la reforma agraria, promoviendo la parcelación de las tierras que fueron entregadas a las cooperativas durante la primera fase de la reforma.

“El artículo uno de dicha ley estableció que su objeto era propiciar la consolidación de la Reforma Agraria, lo cual ha resultado totalmente contradictorio en la realidad. Más bien debió haberse llamado ‘Ley de condenación, pulverización, y desintegración de los beneficiarios de la Reforma Agraria’, pues

los condena a la desintegración, a la desaparición de las Asociaciones Cooperativas que resultaron beneficiadas en la fase uno de la Reforma Agraria”, explica el trabajo de graduación de la Universidad de El Salvador “Efectos jurídicos de la aplicación de los decretos legislativos 747 y 719 en tres asociaciones cooperativas de la reforma agraria” [5].

El Decreto 747 fue posteriormente derogado por el Decreto 719 de 1996 “Ley del Régimen Especial de la Tierra en Propiedad de las Asociaciones Cooperativas, Comunales y Comunitarias Campesinas y Beneficiarios de la Reforma Agraria”, que, con el beneplácito del Banco Mundial, vino a tratar de parcelar el resto de asociaciones cooperativas que aún no habían sido parceladas con el decreto anterior.

Hasta noviembre de 2005, con los decretos 747 y 719 se habían parcelado casi 79.000 manzanas (56.000 hectáreas) en 379 propiedades y se asignaron a 73.837 beneficiarios individuales, es decir, 1,06 manzanas (0,75 hectárea) por persona [6].

Contrarreforma agraria y modelo extractivista

A partir de entonces, las tierras agrícolas nuevamente se convirtieron en mercancías al alcance de quien mejor las pudiera pagar. Dejaron de ser tierras productivas para convertirse en bienes para la especulación.

Poco a poco, las tierras de la reforma agraria fueron entregadas a la banca privada en pago de la deuda agraria y bancaria; vendidas para industria y comercio; y parceladas y lotificadas para vivienda o turismo. De esta manera, se dio inicio a un nuevo despojo legalizado de las tierras de campesinos y cooperativas agropecuarias.

“La parcelación tenía como objetivo la individualización de la propiedad y del uso agrícola de las tierras de las cooperativas, lo cual condujo a la destrucción de las unidades productivas y la venta individual de parcelas, debido a la falta de apoyos financieros y técnicos que le dieran rentabilidad a sus cultivos. Hasta el 2007, los decretos de condonación habían provocado que muchas cooperativas devolvieran al Instituto Salvadoreño de Transformación Agropecuaria (ISTA) 120 propiedades en concepto de pago de deuda agraria y bancaria”, explicaba en 2009 la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) [7].

A partir del año 2000, esta nueva fase de acaparamiento territorial coincidió con la implementación acelerada del modelo extractivista, promovido por el gran capital transnacional en alianza con las oligarquías nacionales, en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR). Todo el continente latinoamericano sufrió la embestida de los megaproyectos hidroeléctricos, mineros, turísticos.

El Salvador no fue la excepción. El norte y la costa siguen siendo las zonas más afectadas. Las y los herederos de aquellas comunidades indígenas que en 1882 fueron despojados para dar paso a la hacienda cafetalera, son hoy las víctimas de un modelo que los despoja nuevamente, mal comprándoles sus tierras a sabiendas que no van a poder adquirir otras. De nuevo se profundiza la pauperización en la zona rural.

Turismo y acumulación por desposesión

Al mejor estilo de los restaurantes en las montañas de Europa, los cascos de las haciendas cafetaleras se han convertido ahora en ambientes turísticos. Sus alrededores, declarados “municipios vivos”, son corredores permanentes de visitantes.

Los indígenas, cuyas familias fueron propietarias por décadas de pequeños inmuebles en las zonas urbanas, ahora ven amenazada la tenencia de sus propiedades, ya que se vuelve a considerarlos “no merecedores” de tener ubicadas sus viviendas en zonas que se han convertido de alto valor comercial. Igual que hace 150 años, estas propiedades deben pertenecer a quienes tengan los recursos económicos y la “inteligencia” para echar a andar el negocio.

Ya son varios los casos donde familias indígenas están sufriendo desalojos judiciales de muy dudosa justificación.

“No puede llamarse desarrollo algo que no es incluyente, ni es respetuoso de los pueblos originarios que son los legítimos poseedores de estos inmuebles”, dijo a Alba Sud una experta investigadora en temas de propiedad y tenencia de la tierra, quien pidió mantener el anonimato.

La Ruta de “Las Flores”

La ciudad de Ataco, en el departamento de Ahuachapán, se ha convertido en los últimos años en uno de los lugares turísticos más importantes de la zona occidental de El Salvador. Es parte de la que se conoce como Ruta de Las Flores, que reúne a varios municipios situados en la cordillera volcánica y cafetalera de occidente, cuyos cascos urbanos han sido reconvertidos y alojan a restaurantes y hoteles al mejor estilo de chalet suizos.

Especialmente el parque central de Ataco se ha convertido, durante los fines de semana, en un lugar gourmet, donde se realizan festivales gastronómicos que atraen tanto al turismo nacional como al internacional. Esta situación ha generado un fuerte interés hacia los inmuebles que se asoman en el parque, varios de los cuales pertenecen desde hace más de un siglo a familias indígenas, que ahora se ven amenazadas por el avance del “desarrollo turístico”.

Es lo que le pasó a la familia de la señora Juana Arriola, cuya casa está ubicada frente al parque central de Ataco y cuyo título de propiedad remonta al año 1907 (Sistema Integral Registro y Catastro matrícula 15060290-00000).

“De repente a la señora le notificaron que estaba usurpando el terreno donde surge su casita, y que si no presentaba los documentos necesarios iba a ser desalojada”, recuerda la investigadora

“Pese a presentar toda la documentación solicitada, el juicio estuvo plagado de vicios e irregularidades y la señora Arriola y su familia fueron desalojadas. Pero lo que más nos sorprendió fue que las personas favorecidas por el fallo pertenecen a una de las antiguas familias cafetaleras salvadoreñas”, agregó.

Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador y grupos comunitarios de Ahuachapán se han movilizado y están dando seguimiento al caso, que por cierto es solamente uno de los tantos que se han producido.

“La historia se repite. El avance del modelo extractivista sigue promoviendo el saqueo de los bienes comunes y enriquece a los de siempre, y a los herederos de aquellas familias indígenas que fueron desalojadas por la oligarquía cafetalera se les aplica ahora la misma receta, sacrificándolos en aras del ‘desarrollo’”, concluyó la investigadora.

Notas:
[1] Gordon, Sara. 1989. Crisis política y guerra en El Salvador. México DF: Siglo XXI Editores.

[2] Briñis, Armando. 2013. El Salvador. La República Cafetalera (1876-1931). Voces, 27/08/2013.

[3] Emanuelsson, Dick. 2009. Las raíces y causas de la insurrección y la matanza del 1932 en El Salvador. Entrevista a Wilfredo Pinto. La historia del día.

[4] Ceberio, Jesús. 1980. La reforma agraria de El Salvador sirve de excusa para la ocupación militar del país. El País, 19/12/1980.

[5] Flores, Wilson; Morán, Pedro; Santos, Ana. 2005. Efectos socio-jurídicos de la aplicación de los decretos legislativos no. “747” y “719” en tres asociaciones cooperativas de la Reforma Agraria de la zona central en El Salvador durante el período comprendido: 1997-2004. San Salvador: Universidad de El Salvador, Trabajo de Graduación para optar al título de Licenciado en Ciencias Jurídicas.

[6] Reforma Agraria y Desarrollo Rural en El Salvador, ISTA, noviembre de 2005.

[7] Núñez, Sandra. 2009. Situación de las cooperativas y asociaciones agropecuarias afiliadas a Federaciones y CONFRAS. San Salvador: CONFRAS.


Este artículo se realiza en el marco del proyecto "Turismo responsable, derechos humanos y trabajo decente" ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona - Programa Barcelona Solidaria convocatoria 2015.


Fuente: http://www.albasud.org/blog/es/886/el-turismo-y-el-despojo-hist-rico-de-la-tierra-en-el-salvador