viernes, 30 de mayo de 2014

Philip Morris vs. Uruguay: entre la salud y el dinero


Marc Koch /JAG
Deutsche Welle - ‎viernes‎, ‎30‎ de ‎mayo‎ de ‎2014

En un juicio de resonancia mundial, Philip Morris acusó a Uruguay exigiendo indemnizaciones por haber perjudicado sus inversiones con sus estrictas leyes antitabaco.
El abogado Andrés Cerisola no será del todo neutral en este caso. La sede de su despacho está en Montevideo, capital de Uruguay. Por otra parte, Cerisola es un reconocido experto en comercio y el derecho de defensa de las inversiones y como tal, infunde ánimo a los acusados: “Es un proceso que ofrece garantías y es independiente. Uruguay puede presentar su caso y creo que con buenas perspectivas de éxito”.

Gran consorcio vs. Pequeño país
Sin embargo, no todos los observadores son tan optimistas: gobiernos, consorcios y organizaciones están interesados en la batalla legal entre la multinacional tabacalera Philip Morris International y el país sudamericano. El fabricante de cigarrillos demandó a Uruguay por haber aprobado estrictas leyes antitabaco que, entre otras cosas, prescriben que las 4/5 partes de la cajetilla tienen que mostrar fotos impactantes. Para la presentación de la marca, en el paquete solo está permitida una pequeña franja y complementos destinados a promocionar las ventas del tipo “Light”, “Filter” o “Gold” tendrán que desaparecer completamente.
Para Philip Morris, las medidas fueron demasiado lejos y el consorcio las consideró como un perjuicio a sus inversiones en Uruguay. Además, argumenta que el diseño de las cajetillas atenta contra los derechos de autor con las nuevas directrices. Como contraprestación, Uruguay debería pagar la suma de 25 millones de de dólares a la tabacalera en concepto de indemnización. El órgano responsable para la decisión será el Juzgado de Arbitraje Internacional ICSID (International Centre for Settlement of Investmen Disputes), que pertenece al Banco Mundial.

Seguridad legal y protección de las inversiones.
Como base para el proceso, se utiliza un tratado de protección de las inversiones que firmaron Uruguay y Suiza en el año 1998. Debido a que el consorcio estadounidense tiene una filial en la república alpina, puede acogerse al tratado. El Tribunal de Arbitraje Internacional se declaró legitimado para el proceso. Una situación delicada para los jueces puesto que, independientemente de la sentencia, su decisión tendrá consecuencias internacionales. El experto en derechos internacional uruguayo Didier Opertti habla de un conflicto entre “normas de importancia internacional o una normativa bilateral que solo afecta a dos partes”.
La combinación resultante entre el acuerdo y el Tribunal de Arbitraje ofrecería garantías jurídicas que salvarían a la empresa de decisiones políticas arbitrarias. En particular, muchas empresas extranjeras tienen problemas en Latinoamérica debido a expropiaciones espontáneas o imposiciones acordes con el gobierno de turno. Por ejemplo, Argentina estatizó en 2012 la filial del consorcio petrolero español Repsol. También otros gobiernos como Bolivia, Ecuador y Venezuela amenazan con medidas similares, desvinculándose a la vez del Tribunal de Arbitraje.

Beneficio privado ante la salud publica
Ahora, la disputa legal entre Philip Morris y Uruguay va, sin embargo, mucho más lejos de la mera protección de las inversiones. Se trata del derecho de una empresa al valor de sus inversiones y sus beneficios frente al derecho de un país que quiere proteger la salud de sus ciudadanos. La ministra de salud de Uruguay, Susana Muñiz, cree que a la tabacalera no le importa su pequeño país: “Sabemos que Philip Morris no está interesado en el mercado uruguayo. Pero las leyes antitabaco de Uruguay son de las más estrictas del mundo. Philip Morris no quiere que otros países sigan el ejemplo”.
El acuerdo de protección de las inversiones contempla claramente que ambas partes no están obligadas a aceptar determinadas actividades económicas. Por ejemplo, las que afectan a la salud pública. Antes de que el país se convirtiese en la meca de los no fumadores, a Philip Morris se le facilitó su entrada como empresa a Uruguay. No solo con ventajas fiscales millonarias, sino también con la eliminación de aranceles sobre instalaciones para la producción. Pero ante las estadísticas de 13 muertos diarios por causa del tabaco, Tabaré Vázquez, expresidente uruguayo y médico especialista en cáncer, cambió la política de salud pública en 2006. Desde entonces, el espacio público uruguayo está cada vez más libre de humos.

Ganar batallas pero perder la guerra
Hasta la decisión del Tribunal de Arbitraje todavía pasarán algunos meses y Uruguay tendrá que corregir todavía algunos fallos de forma, pero aun así, el país goza de una buena posición de partida, aclara el abogado argentino Carlos Correa, de la Organización Mundial de la Salud: “Las inversiones de Philipp Morris no se pueden respetar si los costes que el Estado tiene que pagar como consecuencia son mayores que el beneficio de la empresa”.

Incluso aunque el fabricante de cigarrillos ganase el juicio, tendría que enfrentarse a otro problema: algunos estados desarrollarán nuevas estrategias en común en la lucha contra el consumo de tabaco. “Entonces, Philip Morris habrá ganado las batallas, pero habrá perdido la guerra”, aclara el experto Correa.

Autor: Marc Koch /JAG

Editor: Enrique López

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