La promesa de darles a los funcionarios de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia un seguro médico privado, uniéndose así a la práctica de algunos entes públicos, principalmente las autónomas, es un atentando contra el sistema de salud y un asalto a los contribuyentes. Los empleados públicos ya tienen acceso a servicios de salud a través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS); por tanto, ofrecerles un seguro privado no solo es un gasto innecesario, sino que supone otorgar privilegios especiales y fomentar así la desigualdad.
El ISSS se creó con dos fines: atender la salud de los trabajadores salvadoreños y asegurarles una pensión digna al finalizar su etapa laboral. Este segundo objetivo se desbarató con la privatización del sistema de pensiones, por lo que actualmente la tarea principal del Instituto es brindar servicios de salud tanto a empleados como a empleadores. Sin embargo, como es de sobra conocido, la calidad de la atención es muy deficiente. Algo a lo que contribuyen variedad de factores, pero uno en especial: la falta de interés del Consejo Directivo (integrado por representantes del Gobierno, los trabajadores y la patronal) en el buen funcionamiento de la institución que dirige. Sin duda, ninguno de los miembros del Consejo utiliza los servicios del ISSS porque se pueden permitir el lujo de la atención médica privada.
También tienen responsabilidad en el problema los usuarios que creen que el servicio es gratuito y que no exigen sus derechos ni reclaman por la mala atención, así como el sindicato de los trabajadores del ISSS, que se ha preocupado más por su bienestar y por obtener mejores prestaciones que por el derecho de todos los trabajadores a un sistema de salud funcional y de la más alta calidad. No se trata de que el Instituto no tenga los recursos necesarios para ello, pues entre patrono y empleado se cotiza mensualmente el 10.5% del salario de cada trabajador, que se traduce entre un mínimo de 22 dólares y un máximo de 105 dólares mensuales. Teniendo en cuenta la atención que se recibe, la cotización es alta. Una buena administración podría garantizar con estos fondos un servicio de mucha mejor calidad que el actual.
Las deficiencias del ISSS no deben ni pueden servir de excusa para que el Estado les dé a los empleados públicos de algunas instituciones estatales un seguro privado de salud. Ello supone renunciar a su responsabilidad con el Seguro Social y con los salvadoreños que cotizan al mismo. El privilegio de un seguro médico privado se otorga con dinero que es de todos y cuando muchos de los contribuyentes no pueden permitirse este lujo; un dinero que debería utilizarse en atender necesidades mayores para toda la población. Si los funcionarios públicos de dos entes tan importantes como la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa no confían en el ISSS y se les otorga un seguro médico privado, no hay ninguna esperanza en que la atención en el Seguro mejore algún día.
Lo que deberían exigir los empleados de estos dos órganos del Estado es el buen funcionamiento del Seguro Social y del sistema nacional de salud pública. Con ello demostrarían un mínimo de solidaridad con todos los trabajadores del país. Pero al pedir un seguro privado están contribuyendo al deterioro del sistema nacional de salud, pues además de restar recursos al mismo, están desentendiéndose de su funcionamiento. Al tener un seguro privado, no utilizarán los servicios del ISSS y, por tanto, les dará igual cómo funcione, qué tipo de atención provea. Algunos cálculos preliminares indican que otorgar el seguro privado supondrá un gasto adicional de unos 12 millones de dólares. Con ese dinero se podrían implementar, por citar un ejemplo, centros de salud mental, tan necesarios en un país como el nuestro, con tan altos índices de violencia. El Estado debe abandonar su tendencia a estratificar a los ciudadanos con base en la concesión de privilegios y prebendas. Otorgar un seguro médico privado es solo un elemento más de esa nociva dinámica.
Fuente: http://www.uca.edu.sv/noticias/texto-4405
La promesa de darles a los funcionarios de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia un seguro médico privado, uniéndose así a la práctica de algunos entes públicos, principalmente las autónomas, es un atentando contra el sistema de salud y un asalto a los contribuyentes. Los empleados públicos ya tienen acceso a servicios de salud a través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS); por tanto, ofrecerles un seguro privado no solo es un gasto innecesario, sino que supone otorgar privilegios especiales y fomentar así la desigualdad.
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