viernes, 5 de abril de 2013
“La droguería Santa Lucía, propiedad del ex presidente Cristiani, es la que ha retrasado el etiquetado de medicinas”
El día de mañana se hará efectiva la regulación de precios contemplada en la Ley de Medicamentos. Según estimaciones de las autoridades, el precio de las medicinas bajará hasta un 30%, con lo que El Salvador dejará de ser el país con los precios más altos de medicamentos en el mundo. Sin duda las expectativas son altas, sobre todo para uno de los principales artificies de esta ley, el viceministro de salud, Eduardo Espinoza, quien esta mañana nos acompañó en nuestro set.
Para Espinoza, la Ley pondrá fin a la “práctica criminal” ejercida por las antiguas administraciones del sistema público de salud, que consistía en mantener un desabastecimiento continuo de más del 50%, obligando a los pacientes a buscar sus medicinas “con receta en mano” en las farmacias privadas, enriquecimiento una de las industrias más rentables del país, la químico-farmacéutica.
Según Espinoza, uno de los problemas que resuelve la ley es que la rectoría de medicamentos estará concentrada en una sola dependencia, en este caso, la Dirección Nacional de Medicamentos. “Antes estaba representada por los gremios, la industria química se encargaba que estuvieran en esas planillas representantes de ese sector, cuando había un conflicto siempre beneficiaba a los comercializadores, generando precios elevados” dijo.
“Con la ley se rescata una única entidad, con ausencia de intereses al interior de la misma, garantizando la democratización de los registros e ingresos de medicamentos al mercado salvadoreño”, añadió Espinoza.
La ley incorpora también un mecanismo de control de calidad, que resulta importante tanto para el registro de nuevos medicamentos como para el post registro, ya que, según el viceministro, “antes había una mezcla perniciosa, porque el control de calidad se delegaba a laboratorios privados, y ya sabían que si no iban a ciertos laboratorios, no les aprobaban la muestra”.
Durante la entrevista, Espinoza desmintió las publicaciones de algunos medios de comunicación en las que se afirma que no se ha dado un plazo razonable para que las farmacéuticas cambien el etiquetado de los productos.
“Este etiquetado está a cargo de las droguerías y tuvieron tres meses para hacerlo. La única que está retrasando el etiquetado es la droguería Santa Lucía, propiedad de Alfredo Crisitiani. Lo hace para generar un desabastecimiento artificial”, señaló el galeno.
Según Espinoza, el ex presidente arenero encabeza un acuerdo entre los cuatro laboratorios más fuertes del país, que incluye el retiró de 38 medicamentos del mercado nacional. Y explicó que estas droguerías estaban esperando que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fallara a tiempo y a su favor sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentaron contra la Ley de Medicamentos.
“Decidieron retirar estos medicamentos del mercado, no porque esté al margen del costo, sino por las repercusiones que pueden tener en otros mercados”, aseguró Espinoza, que también dijo que “estos 38 medicamentos son una pequeña fracción de 700 que tienen, solo retiran un 5 por ciento. Además del listado de 4.000 productos, es solo un 1 por ciento, así que no hay desabastecimiento”. Y puntualizó que algunos de ellos tienen hasta 200 alternativas genéricas.
Espinoza dijo que es ridículo que se diga que los precios máximos establecidos para las medicinas no cubran los costos de producción, y afirmó que a nivel mundial, la industria farmacéutica “es una de las más rentables del plante, más que el petróleo o las armas”.
También desmintió que se vaya a desarrollar un mercado negro de ciertos medicamentos de marca, como ha señalado el presidente de Farmacias Económicas y ex ministro de Economía Miguel Lacayo. Espinoza opuso que lo que generaba contrabando era el precio excesivo que tenían las medicinas en el país en comparación con los países vecinos.
Recurso de inconstitucionalidad a la ley de Medicamentos.
Para el Viceministro existen varios factores que han dado pie al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medicamentos. Entre ellos están el conflicto de intereses, la libertad económica y la referida a la realización de consultas médicas en las farmacias. Esta última imposibilitada ya por la Ley de Farmacias, según explicó Espinoza.
“Lo que está detrás de esto es un problema ético, los que recetan no pueden vender según la Organización Mundial de la Salud, porque genera sentidos perversos .Todo esto además de ser un problema ético, atenta contra la salud y el bolsillo de las personas”, argumentó el funcionario, que añadió que en ningún país del mundo hay médicos dando consulta y recentando dentro de las farmacias.
Ante esto Espinoza realizó un llamado a diferentes sectores de la sociedad. “Nosotros pedimos a los magistrados (de la Sala de lo Constitucional) que se ilustren con las prácticas en el resto del mundo, La Corte Suprema debe obrar con mucha sabiduría y prudencia. Pedimos a la sociedad civil e instancias gremiales como el Colegio Médico y otras organizaciones que se pronuncien sobre esto, porque atenta contra el principio médico”, exhortó.
Pese al malestar que ha provocado la regulación en los precios en las medicinas, sobre todo en el sector farmacéutico, Espinoza consideró que, “la opinión pública en general está plenamente de acuerdo con los postulados de la Ley de Medicamentos porque sebe que eso va a beneficiar sus bolsillos, sobre todo el de la población más pobre”.
Por Redacción Francamente
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